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 La
ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró ayer convencida de
que todos los ayuntamientos de España aplicarán la Ley de Suelo, que
entrará en vigor el próximo 1 de julio, incluidos los gobernados por el PP,
que mantuvo una oposición frontal a la norma durante su tramitación.
No
se me ha pasado por la cabeza (el incumplimiento)’, concretó la ministra
durante la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) para llevar a cabo acciones
conjuntas para la difusión de los contenidos de la nueva normativa en el ámbito
de las corporaciones locales.
En este sentido, María Antonia Trujillo no dudó en recordar el principio
jurídico por el cual el desconocimiento de la ley no exime de su
cumplimiento, así como las modificaciones introducidas durante el trámite
de la reforma del Código Penal, actualmente en fase parlamentaria, que
perfilan y amplían los delitos relacionados con el urbanismo y la ordenación
del territorio.
Por su parte, el presidente de la FEMP, Heliodoro Gallego, se mostró de
acuerdo con la ministra a la hora de asegurar el eficaz cumplimiento de la
ley por parte de los ayuntamientos. ‘No he escuchado a un alcalde que vaya
a hacer lo contrario, entre otras cosas porque es ilegal’, afirmó.
Mas aún, destacó que todas las sugerencias aportadas por la FEMP a la Ley
de Suelo durante su proceso de elaboración fueron ‘consensuadas y
apoyadas’ por todos los municipios.
Por otro lado, el representante de las corporaciones locales de España vio
con buenos ojos los mecanismos de control previstos en el acuerdo firmado
con el Ministerio para asegurar el cumplimiento de la legalidad. ‘No nos
dormiremos en los laureles’, añadió.
Por otro lado, el acuerdo firmado ayer contempla tres bloques de actividades
para informar a los ayuntamientos sobre los principios de la Ley de Suelo.
En primer lugar, prevé la difusión de sus contenidos mediante la edición
de la guía ‘La Ley de Suelo y los Ayuntamientos’, que, a modo de manual
de uso para los alcaldes, será elaborada por ambas instituciones.
Incluye también actividades de formación a través de cursos para que los
responsables municipales, especialmente sus técnicos, sepan cómo aplicar
la nueva normativa; así como diversas jornadas divulgativas en diferentes
ciudades durante este año para dar a conocer el contenido del texto. Por último,
el acuerdo prevé el desarrollo de una serie de actuaciones de análisis y
seguimiento de la aplicación de la Ley.
Entre las medidas que tendrán que aplicar los nuevos alcaldes se encuentran
aquellas relacionadas con la lucha contra la corrupción, que fueron
introducidas en la Ley de Suelo a través de enmiendas a propuesta del
Gobierno y que originariamente estaban llamadas a engrosar la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, cuya aprobación fue pospuesta ante la
inminencia de los comicios del mes de mayo.
A propósito de esta circunstancia, Gallego rompió, por una parte, una
lanza a favor de los ayuntamientos, y aseguró que éstos sólo obtienen de
media un 4% de su financiación a partir de proyectos urbanísticos, y, por
otra, confió en que la reforma de la financiación local se realice en
paralelo con la de la financiación autonómica.
En cualquier caso, desde los ayuntamientos habrá de garantizarse, en virtud
de la nueva ley, la transparencia y la participación ciudadana en los
procesos de transformación de suelo mediante la información pública de
los instrumentos urbanísticos, incluidos los convenios; la inclusión de un
resumen ejecutivo de las actuaciones que proponen y la publicidad en
Internet de los citados instrumentos.
Por otro lado, la ley pretende dificultar actuaciones especulativas o
corruptas, mediante medidas como la regulación de los conflictos de
intereses de los concejales y directivos municipales o la obligatoriedad de
identificar a los propietarios de un suelo cuya recalificación comporte
plusvalías importantes.
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