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 Zapatero
interviene por sorpresa en el Pleno del Congreso que debe aprobar hoy la
reforma.
El
Congreso de los Diputados aprobará hoy el texto definitivo del proyecto de
la Ley de Suelo, que previsiblemente entrará en vigor el próximo 1 de
julio coincidiendo con la constitución de los ejecutivos autonómicos y
locales electos tras los comicios del 27 de mayo.
La
Ley de Suelo cierra así un periplo de más de un año y medio marcado por
la oposición frontal del PP y las duras negociaciones con los grupos
nacionalistas. Así, el texto vuelve al Congreso después de que el Gobierno
consiguiera limar asperezas con los grupos nacionalistas, que denunciaron en
varios momentos del trámite parlamentario una invasión de competencias.
CiU
dio el apoyo final al retirar un veto en el Senado después de transaccionar
una enmienda con el PSOE por la que quedan reconocidas las competencias de
las comunidades autónomas en la gestión de los patrimonios públicos de
suelo.
La
nueva norma, que viene a sustituir a la vigente de 1998, promulgada bajo
mandato 'popular', introduce novedades que han suscitado la inquietud de los
promotores. Entre ellas, destaca el nuevo sistema de valoración de los
suelos, que considerará sus rendimientos de explotación y excluirá de
dicha valoración sus expectativas. Esta medida, según promotores y
'populares', únicamente servirá para abaratar las expropiaciones de
terrenos.
Otro
de los ejes de la nueva ley será el fomento de la vivienda protegida, para
lo que se contempla la obligación de establecer una reserva de suelo del
30% de los proyectos urbanísticos que se destinará a la construcción de
VPO. Además, establece un porcentaje de cesión de suelo a los
ayuntamientos de entre el 5% y el 15%.
Por
otra parte, el texto está llamado a ser un arma efectiva contra el
urbanismo descontrolado. En este sentido, el PSOE introdujo vía enmienda
una de las principales novedades en esta materia, que establece la revisión
de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en unión
a las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20% de
la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito
territorial.
Otro
de los objetivos de la nueva norma será la lucha contra la corrupción
urbanística, para lo que establece nuevos mecanismos de transparencia y
participación ciudadana en los procesos urbanísticos.
Asimismo,
contempla, entre otras medidas, la obligación de que las permutas de
terrenos y los convenios urbanísticos pasen por los plenos de los
ayuntamientos, o de que en toda recalificación o aumento de la
edificabilidad se haga constar la identidad de los propietarios durante las
cinco anteriores.
En
aras de un urbanismo más sostenible, el texto que será aprobado mañana
incluye medidas destinadas a asegurar el respecto al medioambiente y a los
espacios naturales protegidos.
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